Las autoridades esperan un informe de la Justicia para definir la situación de los policías que fueron denunciados por cobrar coimas a una organizadora de bailes. Ya declararon pasivo al comisario que fue detenido al ser acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a vender casas que habían obtenido de manera irregular.

La fiscala Mariana Rivadeneira recibió una denuncia de una mujer que aseguró que efectivos de la fuerza le exigían entre $800.000 y $1,5 millones para permitirle hacer fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena. Anteayer se realizaron 10 allanamientos en las casas de comisarios y civiles. Las autoridades secuestraron celulares, pero por el momento no ordenaron la aprehensión de ninguno de ellos.

Estos procedimientos se realizaron una semana después de que en un operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, se descubriera que el jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, utilizaba a cuatro condenados y a dos policías para realizar remodelaciones en su casa de El Cadillal en tierras fiscales. Por esa causa, además de que se les dictara la prisión preventiva al ex jefe y a los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, fueron pasados a disponibilidad al menos otros ocho efectivos, que también están siendo investigados por el hecho.

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En ambos expedientes se repiten varios nombres, entre ellos, el de Beltrán y el de su segundo, Sergio Juárez, que fueron dados de baja por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo. También aparece el del comisario Walter Colombres, recientemente designado segundo jefe de la URN y vinculado al conocido Caso Gargiulo, una causa en la que se acusó a un hombre de comercializar drogas y después se probó que el operativo fue defectuoso.

La denunciante, según confirmaron fuentes judiciales, presentó pruebas para sostener sus dichos. Entre ellas, capturas de pantalla de los mensajes que intercambiaba con los denunciados y comprobantes de transferencias bancarias. Una de ellas era una cuenta en la que la Provincia deposita el sueldo a uno de los comisarios.

“Todo está en manos de la Justicia. Estamos colaborando con todo lo necesario para que se esclarezca esta situación. En caso de que se confirme, no sólo quedarán fuera de la fuerza, sino que esperamos que reciban el máximo castigo que establezca la Ley”, sostuvo Joaquín Girvau, jefe de Policía. “Desde ya le digo que estas son conductas de sinvergüenzas”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

El otro caso

Pero esa no fue la única tormenta que azotó a la Policía. Horas después de que finalizaran los allanamientos, fueron detenidos el comisario retirado y ex director de Tránsito de la Municipalidad, Jorge Mastafá, y el comisario en actividad Marcelo Soraire, acusados de integrar una asociación ilícita que se habría dedicado a la venta irregular de viviendas.

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Este caso comenzó a ser investigado por la fiscala María del Carmen Reuter en una causa que nada tenía que ver con lo que se terminó descubriendo. El expediente se abrió porque el también efectivo Edgardo Daniel Chavarría, responsable de la seguridad de un centro de compras ubicado en El Bajo, se habría quedado con el pago de alquileres que les había cobrado a los inquilinos.

“La investigación siguió con algunas medidas, entre ellas, el análisis del teléfono celular. Allí se descubrió una organización que cometía delitos mucho más graves. Era una maniobra cruel que habrían realizado durante varios años. Surgió de los mensajes que Chavarría le habría mandado a Mastafá”, explicó Ernesto García Biagosch, uno de los querellantes del caso.

Los sospechosos, entre los que también se encuentran civiles y un abogado, según el expediente que ahora está en poder de Diego López Ávila, se habrían dedicado a buscar viviendas que tenían problemas sucesorios o no contaban con herederos para usurparlas. Luego, confeccionaban documentación falsa para venderlas a terceros, cometiendo estafas.

Los investigadores sostienen que Mastafá y Soraire tenían una activa participación. No sólo se habrían encargado de ubicar los inmuebles que se encontraban en esas condiciones, sino que además podrían haber facilitado documentación para que el grupo realizara las ventas y entorpecido algunas investigaciones.

“Es un caso que se viene investigando desde hace bastante tiempo. La Policía siempre colaboró en esta pesquisa porque no queremos tener más este tipo de personas en la fuerza”, dijo Girvau.

“Por 10, 15 o 20 efectivos que no merecen el uniforme no puede mancharse a una fuerza de más de 13.400 personas. Cuando encontramos delincuentes dentro de la institución, hay que separarlos. La mayoría de la policía trabaja bien, se capacita y responde a un plan que hoy muestra bajas históricas en delitos contra la propiedad y la vida”, sostuvo Agüero Gamboa en una entrevista con LG Play.

“No podemos culpar al jefe de policía o al subjefe por la conducta individual de algunos efectivos. Vienen trabajando bien, conduciendo correctamente la fuerza. Hoy hay un buen liderazgo y por eso se los apoya”, dijo el funcionario. “Analizamos todo permanentemente, pero hoy no hay motivos para modificar la conducción”, finalizó.

Jaldo aseguró que todo miembro de la fuerza que cometa delitos será apartado y puesto a disposición de la Justicia

“No vamos a apañar absolutamente a ningún miembro de la fuerza que cometa ilícitos”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario reconoció que “en una estructura tan grande” pueden darse irregularidades como las que se investigan actualmente, e insistió en que la decisión política es clara. “No vamos a tolerar este tipo de actitudes dentro de la fuerza de seguridad”. Aseguró que, pese a los logros obtenidos con la Policía, cualquier integrante que incurra en delitos “será desafectado y le caerá todo el peso de la ley”. También aclaró que no se puede “prejuzgar” a toda la institución por los hechos que involucran a un grupo reducido. “Si son 15 sobre 14.000, la policía está controlada”, afirmó. “Y si hubiera sido uno solo, también hubiese corrido la misma suerte”.